Cómo se calcula una pensión alimenticia en Quintana Roo

En el lenguaje legal, 'alimentos' no significa solo comida. Comprende lo necesario para vivir con dignidad: alimentación, vestido, habitación, atención médica y, tratándose de menores, educación y lo necesario para su desarrollo. Cuando una persona tiene derecho a recibir alimentos y otra la obligación de darlos, la pensión alimenticia es la forma de cumplir esa obligación.

Los casos más comunes son los hijos frente a sus padres, y en ciertas circunstancias los cónyuges o excónyuges entre sí. La obligación no depende de la buena relación entre las personas ni de con quién vivan los hijos: es una obligación derivada del parentesco o del vínculo, y su cumplimiento puede exigirse ante un juez de lo familiar.

No existe una tabla fija que diga cuánto debe pagarse. El juez fija la pensión buscando un equilibrio entre dos cosas: las necesidades de quien la recibe y la posibilidad económica de quien la paga. Por eso dos familias con situaciones parecidas pueden terminar con pensiones diferentes, y por eso es tan importante acreditar bien ambos lados de la balanza.

Al analizar un caso, el juez suele considerar, entre otros elementos:

• Los ingresos comprobables del obligado: nómina, honorarios, utilidades, rentas.
• Los indicios de ingresos no comprobables: nivel de vida, bienes, gastos habituales, actividad profesional.
• El número de personas a las que el obligado debe alimentos y sus propias necesidades básicas.
• Las necesidades concretas de los hijos o del acreedor: escuela, salud, edad, condiciones especiales.
• Quién tiene la guarda y custodia y qué gastos ya cubre con su propio trabajo y cuidado.

La pensión puede fijarse como un porcentaje de los ingresos del obligado o como una cantidad fija, y los jueces suelen prever mecanismos para que se actualice con el tiempo. También se decide cómo se paga: por descuento directo de la nómina cuando hay un patrón, mediante depósito en una cuenta, o de otra forma que deje constancia. Pagar en efectivo sin recibo es una fuente constante de conflictos, porque después es difícil demostrar qué se pagó.

Es común que el juez fije primero una pensión provisional, desde el inicio del juicio y con la información disponible en ese momento, y que la definitiva se determine al final, ya con todas las pruebas.

Tanto quien pide la pensión como quien la debe pagar se beneficia de llegar con información ordenada:

• Recibos de nómina, declaraciones o estados de cuenta que muestren ingresos.
• Constancias escolares, recibos de colegiaturas, útiles y actividades de los hijos.
• Gastos médicos, recetas y tratamientos en curso.
• Recibos de renta, servicios y alimentación del hogar donde viven los hijos.
• Comprobantes de lo que ya se ha aportado voluntariamente, con fecha y concepto.

Una pensión no es para siempre ni es inamovible. Si las circunstancias cambian de manera relevante, por ejemplo porque cambian los ingresos del obligado o las necesidades de los hijos, cualquiera de las partes puede pedir al juez que la ajuste. Y hay supuestos en los que la obligación termina, como cuando el acreedor ya no la necesita. Cada uno de esos cambios requiere un procedimiento; no basta con dejar de pagar o con pagar menos por decisión propia.

El incumplimiento tiene consecuencias serias. Existen mecanismos para exigir el pago de lo atrasado, incluidos descuentos y garantías sobre bienes, y el abandono de las obligaciones alimentarias puede tener además consecuencias penales. Si usted es quien debe pagar y su situación cambió, lo recomendable es pedir el ajuste por la vía legal antes de acumular adeudos.